Marco Jurídico

LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
 
Í N D I C E
 
 
 
ARTÍCULOS
TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES
 
CAPÍTULO ÚNICO.- DISPOSICIONES PRELIMINARES
1-4
TÍTULO SEGUNDO.- ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL
 
CAPÍTULO I.- DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL
5-7
CAPÍTULO II.- DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL
 
SECCIÓN PRIMERA.- DEL FISCAL GENERAL
8
SECCIÓN SEGUNDA.- DE LOS VICE FISCALES
9-13
SECCIÓN TERCERA.- DE LOS FISCALES INVESTIGADORES DEL MINISTERIO PÚBLICO
14
SECCIÓN CUARTA.- DE LOS DIRECTORES DE LA FISCALÍA GENERAL
15-22
CAPÍTULO VIII.- DE LAS UNIDADES DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
23-24
CAPÍTULO IX.- DEL SERVICIO DE ESCOLTA PÚBLICA
25
TÍTULO TERCERO.- SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
26-28
CAPÍTULO II.- DEL INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL
29-32
CAPÍTULO III.- DEL DESARROLLO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL
33-36
CAPÍTULO IV.- DE LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL
37-39
CAPÍTULO V.- DE LA PROFESIONALIZACIÓN
40-42
CAPÍTULO VI.- DE LA CERTIFICACIÓN
43-49
CAPÍTULO VII.- DE LAS COMISIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y DE HONOR Y JUSTICIA
50-53
TÍTULO CUARTO.- VACACIONES, LICENCIAS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS
 
CAPÍTULO I.- DE LAS VACACIONES Y LICENCIAS
54-56
CAPÍTULO II.- DE LOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS
57-58
TÍTULO QUINTO.- RECUSACIÓN, INCOMPATIBILIDADES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
 
CAPÍTULO I.- DE LA RECUSACIÓN E INCOMPATIBILIDADES
59-60
CAPÍTULO II.- DE LAS SANCIONES
61-69
CAPÍTULO III.- DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
70-71
TRANSITORIOS
7

 
DECRETO NÚMERO 340
 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, Gobernadora del Estado de Yucatán, con Fundamento en los Artículos 38, 55 Fracciones II y XXV de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 14 Fracciones VII y IX del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber.
 
Que el Honorable Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
 
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, conforme a lo dispuesto en los Artículos 30 Fracción V de la Constitución Política; 97, 150 y 156 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 3 de la Ley del Diario Oficial del Gobierno, todas del Estado, emite la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en base a la siguiente:
E X P O S I C I Ó N    D E   M O T I V O S:
PRIMERA.- Estimamos que la iniciativa que se dictamina, encuentra sustento normativo en los artículos 35, fracción II y 55, fracción XI de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que establecen la facultad que posee el Poder Ejecutivo de iniciar leyes o decretos, por lo que la Iniciativa en comento, reúne los requisitos sobre el particular.
 
 
SEGUNDA.- Es necesario precisar que a raíz de la consumación de la independencia, en la segunda década del siglo XIX y hasta la finalización de la lucha armada en la revolución mexicana un siglo después, la concepción de la procuración de justicia y su administración fue parte destacada de las luchas entre corrientes de pensamiento que dominaron la escena nacional buscando imponer una concepción de Estado y de Gobierno.
 
En este período el país evolucionó y experimentó profundos cambios en el ámbito de la justicia, se relevó a la policía de la función legal de investigar delitos, se distinguió a la policía administrativa de la policía judicial, se crean dos instituciones encargadas de las funciones de investigación que actuaban paralelamente con atribuciones similares: el Fiscal General y el Procurador General, con la característica de que dependían ambas, del poder Judicial, lo mismo que la policía investigadora (de ahí su nombre de policía judicial).
 
Es conveniente recordar parte del mensaje que Venustiano Carranza dio ante el Congreso Constituyente en su sesión inaugural del 1º de diciembre de 1916:
 “Los jueces mexicanos han sido durante el período corrido desde la consumación de la independencia hasta hoy, iguales a los jueces de la época colonial: ellos son los encargados de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto siempre se han considerado autorizados a emprender verdaderos asaltos contra los reos, para obligarlos a confesar, lo que sin duda alguna desnaturaliza las funciones de la judicatura.
 
La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por jueces que, ansiosos de renombre, veían con positiva fruición que llegase a sus manos un proceso que les permitiera desplegar un sistema completo de opresión, en muchos casos contra personas inocentes, y en otros contra la tranquilidad y el honor de las familias, no respetando en sus inquisiciones, ni las barreras mismas que terminantemente establecía la ley.
 
La misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitará ese sistema procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la respetabilidad de la magistratura, dará al Ministerio Público toda la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo la persecución de los delitos, la busca de los elementos de convicción, que ya no se hará por procedimientos atentatorios y reprobados, y la aprehensión de los delincuentes.
 
Por otra parte, el Ministerio Público, con la Policía Judicial represiva a su disposición quitará a los presidentes municipales y a la policía común la posibilidad que hasta hoy han tenido de aprehender a cuantas personas juzgan sospechosas. Sin más méritos que su criterio particular.
 
Con la institución del Ministerio Público, tal como se propone, la libertad individual quedará asegurada, porque según el artículo 16, nadie podrá ser detenido sino por orden de la autoridad judicial, la que no podrá expedirla sino en los términos y con los requisitos que el mismo artículo exige.”
 
 
Los artículos 21 y 102 del proyecto de Constitución presentado por el líder revolucionario constitucionalista Venustiano Carranza al Congreso de Querétaro de 1916, presentan dos cambios significativos en relación al Ministerio Público regulado por la anterior Constitución de 1857. Por una parte, se desvinculó al Ministerio Público del juez de instrucción confiriéndosele al primero la facultad exclusiva de investigación y persecución de los delitos, así como el mando de la Policía Judicial y redimensionando así a la policía judicial para constituirla en un cuerpo especial, con lo que se superó la antigua práctica de que la investigación de los delitos era una actividad más, efectuada por los cuerpos de seguridad, con injerencia del Ministerio Público e incluso el propio juez instructor. Este cambio pretendió acotar la actividad de los jueces de instrucción quienes tenían en origen funciones similares a las de los jueces de instrucción franceses, es decir, únicamente vigilaban la investigación realizada por un cuerpo técnico dirigido por el Ministerio Público sin participar en la decisión de fondo; pero con el paso del tiempo los jueces de instrucción llegaron a convertirse en verdaderos inquisidores al sustituirse en la actividad investigadora del propio ministerio y asumir junto con éste y la Policía Preventiva, facultades de policía judicial lo que generó serios abusos.
 
Por otra parte, se pretendió acotar también la facultad de la autoridad administrativa de imponer arrestos que derivaban en graves arbitrariedades, al efecto, en la Exposición de Motivos se establecía: "El artículo 21 de la Constitución de 1857 dio a la autoridad administrativa la facultad de imponer como corrección hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusión en los casos y modos que expresamente determine la ley, reservando a la autoridad judicial la aplicación exclusiva de las penas propiamente tales. Este precepto abrió una anchísima puerta al abuso, pues la autoridad administrativa se considero siempre en posibilidad de imponer sucesivamente a su voluntad, por cualquiera falta imaginaria, un mes de reclusión, mes que no terminaba en mucho tiempo".
 
La propuesta pues, se orientaba a separar claramente las facultades de la autoridad administrativa y las de la judicial, es decir, la investigación y la imposición de penas, determinando con claridad la facultad exclusiva de los jueces de imponer penas, y a la autoridad administrativa las facultades para castigar las infracciones de los reglamentos de policía, generalmente sancionadas en forma pecuniaria y no con reclusión.
 
La Constitución de 1917 pretendió mejorar la administración de justicia separando las funciones de procuración de aquellas de carácter jurisdiccional y redefiniendo las funciones del Ministerio Público como se advierte cuando en la exposición de motivos se afirma: "La misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitara ese sistema procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la respetabilidad de la magistratura, dará al Ministerio Público toda la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a la persecución de los delitos, la busca de los elementos de convicción que ya no se hará por procedimientos atentatorios y reprobados, y la aprehensión de los delincuentes".
Las funciones del Ministerio Público y del Poder Judicial en materia penal han permanecido sin modificaciones, en lo esencial, si bien se han expedido diversas leyes que regulan las atribuciones de cada institución e incluso modificado algunos preceptos constitucionales que les atañen.
 
TERCERA.- Afirma con razón Fernando Velásquez V. que, como cualquier sector del saber que pretenda un mínimo de coherencia y rigor conceptuales, el derecho penal está orientado por un cúmulo de postulados fundamentales a partir de los cuales es posible su interpretación, sistematización y crítica, al punto de poder predicar de él su carácter de ciencia; verdades fundantes que se erigen, a su vez, en límites o controles a la actividad punitiva cuando la organización social -prevalida de su soberanía- ejerce tal potestad, acorde con los cauces demarcados por el modelo de Estado social y democrático de derecho. Los principios fundamentales constituyen el conjunto de características que permiten ser al derecho penal lo que es y no otra cosa, y lo distinguen de las otras ramas de la ciencia jurídica.
 
Esta ley que se dictamina responde a la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que plantea como obligatorio para todas la entidades como para la federación la implementación de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, de carácter oral y acusatorio y que; entre otras cosas más, plantea también la incorporación de nuevos órganos procesales penales, así como la transformación del rol de los ministerios públicos, defensorías y policías investigadoras en el proceso penal, además de la profesionalización y mejoramiento de los sistemas de seguridad pública; por lo que en congruencia con estas reformas el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, se dio a la tarea de reformar la propia Constitución Local, con ésta se dio un paso trascendental, en virtud de que se inició con la reestructuración del Sistema Jurídico del Estado, al modificar la forma de impartición de justicia en nuestra Entidad, teniendo como puntos torales la Seguridad y Justicia, mediante el fortalecimiento del Poder Judicial, al incluir al Tribunal Electoral del Estado, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, la implementación de mecanismos de control constitucional en el Estado de Yucatán; así como la creación del Instituto de la Defensoría Pública del Estado y el tema que hoy nos atañe con el presente dictamen el de la Fiscalía General del Estado.
 
Con esta Ley, se pretende dar continuación a la transformación de la impartición de justicia en el Estado, al implementar los procedimientos en que se prestan los servicios públicos de administración de justicia, mediante la incorporación del sistema procesal penal acusatorio, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y caracterizado además por su oralidad. Considerando al sistema penal acusatorio como un sistema adversarial donde las partes (fiscalía y defensa) se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial.
 
El mayor impacto del sistema acusatorio es la agilidad y rapidez con los que cuenta el sistema para administrar justicia.
 
Este sistema promueve a los buenos funcionarios y pone en evidencia a los actores que no se preparan para hacer su trabajo en audiencia.
 
En materia de eficacia y garantía, los asuntos que encontraban solución hasta en varios años, en el sistema mixto, ahora se resolverán en meses, siendo un objetivo primordial que las personas tengan una mayor confianza en la administración de justicia penal, y puedan observar sus resultados con mayor celeridad y profesionalismo.
 
La separación entre juez y acusación, característica del modelo acusatorio, significa no sólo la diferenciación entre los sujetos que desarrollan funciones de enjuiciamiento y los que tienen atribuidas las de postulación, sino también el papel de parte asignado al órgano de la acusación. Este principio representa la condición esencial de la imparcialidad del juez respecto a las partes de la causa y también el presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba de la imputación sobre la acusación.
 
 
El modelo acusatorio supone necesariamente la obligatoriedad y la irrevocabilidad de la acción penal por parte de los acusadores públicos, independientemente de las fórmulas que condicionen el inicio de las investigaciones, es decir, de que importe o no la voluntad del sujeto pasivo o su representante.
 
Sí se comparte que el representante social no puede dejar de perseguir los delitos y acusar cuando se surtan las hipótesis de procedencia establecidas en la legislación, ni insistir en una imputación cuando considere que legalmente no procede seguir haciéndolo.
 
Este principio también se encuentra expresado en nuestra Carta Magna, en su artículo 21 no sólo dispone que la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. También señala que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato, y que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, pueden ser impugnadas jurisdiccionalmente. En relación con las atribuciones del acusador público, el artículo 102, apartado A, Constitucional, dispone que incumbe al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos; hecho que será posible en los términos establecidos en los ordenamientos penales sustantivos y adjetivos, incluyendo las normativas orgánicas que sean aplicables.
 
De lo anterior se desprende la necesidad de la formulación de la nueva Fiscalía General del Estado, con las atribuciones y facultades que se establecen en esta Ley, para el correcto desempeño de las funciones investigadoras y acusadoras, lo que entraña una mayor claridad y transparencia en los procesos y asuntos ventilados por la institución que habrá de realizar y vigilar el ejercicio de la acción penal en nuestro Estado.
 
CUARTA.- La presente Ley, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V denominado “Del Ministerio Público”, plasmado en la Constitución del Estado, procura el eficaz ejercicio y funcionamiento del Ministerio Público, al fortalecerlo como un acusador, en igualdad de circunstancias con la defensa, con el fin de lograr el equilibrio procesal entre las partes. Bajo el contexto de que la Institución del Ministerio Público, representa los intereses de la sociedad, su objeto es dirigir la investigación de los hechos que la ley señale como delitos; ejercitar la acción penal y formular la acusación ante los tribunales; así como, adoptar medidas para proteger a las víctimas y testigos, conforme a lo previsto por las leyes correspondientes y los principios que lo rigen; es así, que se crea la Fiscalía General del Estado y se le otorga la tarea de realizar las funciones del Ministerio Público, dotada de autonomía técnica y de gestión para el debido cumplimiento de los fines de dicha institución, con auxilio de la policía ministerial, la cual estará bajo su autoridad y mando inmediato, así como de las instancias policiales, de seguridad pública y privada, de acuerdo con lo que establezcan las leyes. Con lo anterior el Ministerio Público, ya no estará obligado a tratar de demostrar que el acusado es necesariamente el culpable, sino que buscará la verdad, sin importar a quien favorezca. Por tal motivo, los diputados integrantes de estas comisiones permanentes, nos manifestamos a favor de la Iniciativa con proyecto de Ley presentada, misma con la que se crea la Fiscalía General del Estado de Yucatán, dependencia acorde con las reformas a las Constituciones Federal y Local.
 
En cuanto al término de Ministerio Público tradicional, se abandona para adoptar la denominación de Fiscalía General del Estado, tal motivo es porque tanto el término “fiscal” como el de Ministerio Público, se han utilizado y se utilizan en la tradición jurídica en México, por lo que el cambio de nomenclatura en nada afecta la esencia de la función pública y sí al contrario contribuye a precisar sus atribuciones más racionales y reorganizadas.
 
La Fiscalía General del Estado, se presenta como una dependencia adscrita al Poder Ejecutivo del Estado. Su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal acusatorio, contará con Vice Fiscalías, Fiscalías investigadoras del Ministerio Público, Policías Ministeriales investigadores y Servicios Periciales, que en conjunto coordinarán la investigación y, en su caso, la persecución de las diversas ramas delictivas. Asimismo, investigará los delitos, calificará los procesos y acusará ante los jueces y tribunales competentes a los presuntos infractores de la legislación penal vigente en el Estado. No basta sólo con que se formule una acusación en términos unívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y de la sentencia que le pondrá fin. También es necesario que la acusación cuente con el apoyo de pruebas plenas sobre la culpabilidad del imputado.
 
El principio de la carga de la prueba o de la verificación es la esencia de la garantía de presunción de inocencia supuesto que ésta se destruye cuando se acredita irrefutablemente la responsabilidad del reo en la realización del delito por el que se le acusa; destrucción que sólo es posible a través de la obtención de pruebas por parte del acusador público a través del proceso, pues, al estar la inocencia asistida por el postulado de su presunción hasta prueba en contrario, esa prueba contraria debe aportarla quien niega aquélla formulando la acusación. Entonces, nadie puede ser penado si no se acredita plenamente su responsabilidad.
 
De lo que conviene resaltar el trabajo de los servicios periciales, como parte del proceso de investigación de la Fiscalía General del Estado, los cuales aseguran que el elemento que pretende hacerse valer como prueba en juicio, sea efectivamente aquel que fue recaudado o practicado y que su integridad no ha sido sustituida o alterada a lo largo del proceso penal, que en su caso derive del ejercicio de la acción persecutoria.
 
El objeto de esta Ley es regular la constitución, organización y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto ejercer las atribuciones y el despacho de los asuntos que las constituciones, federal y local, le otorguen, como conducir la función del Ministerio Público para la investigación de los delitos; así como vigilar el ejercicio ante los tribunales de acusación penal, solicitar la vinculación a proceso, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, instrumentar los mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias federales, estatales y municipales, relacionadas con la seguridad pública en el Estado, así como contribuir al mejoramiento de la procuración e impartición de justicia.
 
La Fiscalía General del Estado, contará con Vice Fiscalías, Fiscalías investigadoras del Ministerio Público, Policías Ministeriales investigadores y Servicios Periciales, que en conjunto coordinarán la investigación y, en su caso, la persecución de las diversas ramas delictivas.
 
Se dota a la Fiscalía General del Estado de autonomía técnica y de gestión para asegurar el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia de seguridad y justicia.
 
Se establecen las atribuciones con las que contará la Fiscalía General del Estado de conformidad con las nuevas tareas y responsabilidades que le han otorgado la Constitución Federal y la particular del Estado. Se define la estructura orgánica básica con la que deberá contar la Fiscalía.
 
Se contempla la posibilidad de establecer, en caso de ser necesario, Fiscalías Regionales en el territorio del Estado, con el fin de distribuir adecuadamente el trabajo y de esa forma beneficiar a los ciudadanos que muchas veces por razones de distancia no pueden acudir a realizar sus diligencias hasta la capital.
 
Se plantea la diversificación en las funciones de la actual Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales, para crear la Vice Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente, que será el área de la Fiscalía General encargada de investigar y prevenir, además de los electorales, los delitos contra el medio ambiente en detrimento de los ecosistemas en donde habitan la flora y la fauna de nuestra Entidad.
 
Se crea una Unidad de Solución de Controversias, que deberá prestar de forma gratuita los servicios de información, de orientación y de aplicación de los mecanismos alternativos, a través de los facilitadores institucionales con los que cuente la dependencia, mismos que deberán estar certificados y registrados por el Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
 
Se incluye un Capítulo relativo a la prestación del servicio de escolta pública, el cual se eleva a rango de ley, es aquel mediante el cual el Estado otorga a los servidores públicos que hayan tenido relación con la seguridad pública, la responsabilidad directa de la investigación de los delitos o la operación de centros de reclusión, el beneficio de contar con elementos con el equipo necesario para su guarda y custodia, durante un período igual al tiempo en que desempeñaron el cargo, mismo que podrá ser renovado por un período de igual duración, a juicio del Gobernador del Estado, no obstante lo anterior, se especifica que en caso de que a los elementos designados para la prestación de la escolta pública les sean asignadas funciones distintas, el servicio podrá ser suspendido temporal o definitivamente.
 
Se establece el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de aumentar la eficacia de los servicios, y garantizar la igualdad de oportunidades laborales, así como la estabilidad, permanencia, remuneración adecuada, capacitación y garantías de seguridad social para el servidor público integrante de dicha institución, además se señalan las reglas generales para la selección, ingreso, formación, reconocimiento y certificación de los fiscales investigadores, los peritos y los facilitadores.
 
 
La estructura administrativa de la Fiscalía prevé órganos que garantizan la atención a la ciudadanía y la especialización que se requiere para la debida investigación de los delitos.
 
Se adecúan las funciones del Ministerio Público a las funciones requeridas por el nuevo modelo procesal penal de carácter acusatorio.
 
La Fiscalía General del Estado es una dependencia adscrita al Poder Ejecutivo del Estado. Su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal acusatorio implementado en la reforma constitucional del Estado, la cual se publicó el pasado 17 de mayo del año en curso.
 
 
Investigará los delitos, calificará los procesos y acusará ante los jueces y tribunales competentes a los presuntos infractores de la legislación penal vigente en el Estado.
 
 
QUINTA.- Por principio, el ministerio de justicia, por su naturaleza basada en justicia social, colabora en el perfeccionamiento y logro pleno de la noción de Estado de derecho, para tal efecto es viable ir implementando la reforma integral, para encaminar, actualizar y modernizar los ordenamientos jurídicos estatales, que permitan fortalecer la autonomía del Poder Judicial y colaborar en la profesionalización de la administración de justicia. Orientando estas reformas en el análisis de la constitucionalidad de las leyes, se extendería a la actualización de la legislación vigente, así como su articulación mediante leyes estables, uniformes y continuamente actualizadas, que obedezcan al principio de coherencia y faciliten los sistemas procesales, con el objeto de elevar la administración de justicia a la condición de garantía esencial del Estado de derecho.
 
Por lo que esta implementación de nuevas leyes requiere de estudios profundos que permitan realizar un ministerio de justicia, ya que considerando que la justicia funge como la estructura cívica de la vida social, es necesario que la transformación de las relaciones entre la ciudadanía y el servicio público se realice en un ámbito plenamente innovado, en el cual la derogación de leyes obsoletas y la supresión de costumbres perniciosas vayan de la mano con una reforma estructural de justicia en el Estado, con la presente Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, se cumple con los mandatos constitucionales, para el fortalecimiento de la Institución del Ministerio Público para el efectivo cumplimiento de sus funciones.
 
Por todo lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de estas comisiones permanentes, consideramos procedente la iniciativa propuesta, con los razonamientos antes expresados.
 
      En tal virtud, con fundamento en los artículos 29 y 30 fracción V de la Constitución Política y 64 fracciones I y XVII, incisos a) y p), 97, 100 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán, sometemos a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, el siguiente proyecto de:

 
LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
 
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
 
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones preliminares
 
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le confieren a la Institución del Ministerio Público la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables.
 
La Fiscalía General del Estado de Yucatán es una dependencia del Poder Ejecutivo, a cargo de la Institución del Ministerio Público, con autonomía técnica y de gestión para realizar las funciones de su competencia con las atribuciones que de manera expresa señalen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
 
Para cumplir con su objeto, se regirá por los principios de buena fe, justicia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, respeto a los derechos humanos y unidad.
 
Artículo 2.- En su carácter de órgano ejecutor de la Institución del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado de Yucatán se auxiliará con la policía estatal preventiva, con las policías de los municipios, y con el personal de mando y operativo de las empresas que presten servicios de seguridad privada, en los términos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
 
Todas las autoridades están obligadas a prestar colaboración inmediata y a proporcionar los datos que les requieran los representantes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de información confidencial, en los términos de la Ley de la materia.
 
Artículo 3.- En lo subsecuente, para efectos de esta Ley se entenderá por:
 
I.              Fiscalía General: la Fiscalía General del Estado de Yucatán;
II.            Fiscal General: el Fiscal General del Estado de Yucatán;
III.           Gobernador: el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán;
IV.          Principio de buena fe: es aquel por el cual, en todos los casos en que la reparación del daño sea posible para volver las cosas al estado en que se encontraban, se procurará el avenimiento entre el indiciado y el ofendido;
V.           Principio de imparcialidad: consiste en que los funcionarios de la Fiscalía General deberán actuar de manera neutral, asegurando a las partes su intervención en las diligencias que le son propias, posibilitando en ellos la misma oportunidad de aportar datos o indicios, pruebas e intervenir en todas las actuaciones que se lleven a cabo;
VI.          Principio de independencia: reside en que la Fiscalía General, en el ejercicio de sus atribuciones, tiene autonomía técnica y de gestión frente a los demás órganos de los poderes del Estado;
VII.         Principio de justicia: se refiere a que en todas las actuaciones que realicen los integrantes de la Fiscalía General se deberán valorar las particularidades del caso concreto, de tal forma que las investigaciones se basen solamente en los datos obtenidos en ellas, sin que se busque afectar o beneficiar a alguna de las partes;
VIII.       Principio de legalidad: radica en que la Fiscalía General deberá someter sus actuaciones a lo dictado por la Constitución Federal, la propia del Estado y las leyes que de ellas deriven;
IX.          Principio de objetividad: se refiere a que los servidores públicos de la Fiscalía General, en el ejercicio de sus funciones, deberán aplicar los criterios para velar por la correcta aplicación de la ley, y
X.           Principio de unidad: consiste en que cada servidor público de la Fiscalía General representa al Ministerio Público en todos los actos que realice, en razón de que la función de la institución del Ministerio Público, en su carácter de representante de la sociedad, es única e invariable, es decir, las personas físicas que forman parte de la institución constituyen una pluralidad pero su representación es indivisible.
 
Artículo 4.- La Fiscalía General tiene las atribuciones siguientes:
 
      I.        Fijar los criterios de actuación de su personal para el efecto de cumplir con los principios constitucionales que sustentan el Sistema Penal Acusatorio;
    II.        Garantizar que las distintas áreas que la integran, atiendan con oportunidad los asuntos de su competencia;
   III.        Emitir lineamientos generales para el mejor cumplimiento de funciones correspondientes a cada una de sus áreas;
 IV.        Establecer directrices generales para la adecuada realización de los actos que corresponda atender a los fiscales investigadores del Ministerio Público, en cada una de las etapas del proceso penal acusatorio;
   V.        Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con la finalidad de promover que el personal de la dependencia, en el cumplimiento de sus funciones, actúe con respeto a los derechos humanos;
 VI.        Vigilar que la ejecución de las funciones asignadas a cada una de sus áreas, se realice conforme a su competencia legal, y
 VII.        Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
TÍTULO SEGUNDO
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ATRIBUCIONES DE LA
FISCALÍA GENERAL
 
CAPÍTULO I
De la estructura orgánica de la Fiscalía General
 
Artículo 5.- La Fiscalía General estará integrada por la estructura orgánica siguiente:
 
      I.        La Oficina del Fiscal General;
    II.        La Vice Fiscalía de Investigación y Procesos;
   III.        La Vice Fiscalía de Prevención del Delito, de Justicia Restaurativa, y Atención a Víctimas;
 IV.        La Vice Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes;
   V.        La Vice Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente;
 VI.        Las fiscalías investigadoras del Ministerio Público;
 VII.        La Dirección de la Policía Ministerial Investigadora;
VIII.        La Dirección de Servicios Periciales;
 IX.        La Dirección Jurídica;
   X.        La Dirección de Comunicación Social;
 XI.        La Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera;
 XII.        La Dirección de Informática y Estadística;
XIII.        La Dirección de Administración;
XIV.        La Visitaduría General, y
XV.        Las demás direcciones, fiscalías regionales, unidades, departamentos y áreas que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y que se encuentren autorizadas en el presupuesto respectivo.
 
Artículo 6.- El Fiscal General es el encargado de conducir la función de la Institución del Ministerio Público y de vigilar el cumplimiento de las leyes en todo el territorio del Estado de Yucatán.
 
El Fiscal General será designado por el Gobernador, quien de inmediato turnará el documento correspondiente al Congreso del Estado para que éste proceda a tramitar lo relativo a su ratificación, en la forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables.
 
Asimismo, corresponde al Gobernador designar a los vice fiscales, en los términos del Código de la Administración Pública de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables.
 
El nombramiento de los directores, jefes de departamento y demás personal administrativo de la Fiscalía General, estará a cargo del Fiscal General, quien los realizará de conformidad con lo establecido en el Código de la Administración Pública de Yucatán, el Reglamento de esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 7.- El Reglamento de esta Ley señalará a los servidores públicos que, sin tener el nombramiento de Fiscal Investigador del Ministerio Público, por la naturaleza de sus funciones, deban ejercer las atribuciones que correspondan a éste.
 
CAPÍTULO II
De las facultades y obligaciones del personal de la Fiscalía General
 
Sección Primera
Del Fiscal General
 
Artículo 8.- Corresponde al Fiscal General el ejercicio de las siguientes facultades:
 
A.        Indelegables:
 
      I.        Establecer los lineamientos generales, términos, modalidades, criterios y condiciones a los que deben sujetarse los fiscales, peritos y policías ministeriales investigadores de la dependencia a su cargo, para cumplir sus funciones, así como las estrategias que deben orientar la investigación de los hechos que se estimen delictuosos y los criterios para archivar provisionalmente algún caso, formular y solicitar la acusación y demás atribuciones para dar cumplimiento al proceso penal;
    II.        Emitir circulares, acuerdos, y demás disposiciones técnicas y administrativas necesarias para el debido funcionamiento de la Fiscalía General;
   III.        Solicitar autorización al Titular del Ministerio Público Federal, para emplear las técnicas de investigación a que se refiere el artículo 180 bis del Código Federal de Procedimientos Penales y vigilar que los agentes de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General a su cargo, las ejecuten en términos previstos en el artículo mencionado en esta fracción;
 IV.        Crear mediante acuerdo, fundado y motivado, las coordinaciones, fiscalías especializadas, direcciones, fiscalías regionales, unidades y departamentos, de conformidad con las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal;
   V.        Delegar mediante acuerdo a sus subordinados, las facultades delegables en los términos de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, relativas a las atribuciones propias de su cargo;
 VI.        Dirigir los asuntos administrativos y las actividades de las áreas que conforman la Fiscalía General del Estado;
 VII.        Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos y los programas operativos anuales de la Fiscalía General y remitirlo a la dependencia correspondiente del Poder Ejecutivo;
VIII.        Promover las medidas que convengan, para lograr que la administración de justicia en el Estado sea pronta y expedita, en el ámbito de su competencia;
 IX.        Suscribir acuerdos y convenios de colaboración con instituciones locales, nacionales y de otros Estados, en el ámbito de su competencia;
   X.        Comparecer ante el Congreso del Estado, previa autorización del Gobernador, cuando sea requerido para informar de los asuntos a su cargo;
 XI.        Nombrar y remover libremente al personal de la Fiscalía General;
 XII.        Emitir el nombramiento del personal que haya tomado el curso de capacitación respecto de mecanismos alternativos de solución de controversias, en términos del reglamento de la Ley de la materia, y que cuenten con la certificación expedida por la autoridad competente;
XIII.        Otorgar estímulos y reconocimientos e imponer sanciones al personal de la Fiscalía General;
XIV.        Solicitar a la Autoridad Judicial Federal, autorización para la intervención de cualquier comunicación privada, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
XV.        Las demás que expresamente le confieran con tal carácter esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables.
B.        Delegables:
 
      I.        Ordenar la persecución e investigación de los hechos que la ley señale como delito, y de las conductas atribuidas a los adolescentes, tipificadas como delito por las normas penales en el Estado;
    II.        Vigilar el ejercicio ante los tribunales penales de la acusación penal, solicitar la vinculación a proceso y ordenar la práctica de todas las diligencias que sean necesarias;
   III.        Vigilar que los Fiscales Investigadores del Ministerio Público, utilicen los criterios de oportunidad para finalizar el proceso penal ante la Fiscalía General, en la forma y términos previstos en el Código procesal penal;
 IV.        Autorizar, evaluar, supervisar y registrar el funcionamiento de las empresas que proporcionen servicios de seguridad privada en el Estado, en los términos que señale la Ley de la materia;
   V.        Instrumentar los mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias federales, estatales y municipales, relacionadas con la seguridad pública en el Estado, que permitan el establecimiento de las acciones y estrategias para el cabal cumplimiento de sus respectivas atribuciones;
 VI.        Ratificar y certificar los convenios que se suscriban a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones legales aplicables;
 VII.        Realizar estudios, formular y ejecutar lineamientos de política criminal, que tengan por objeto contribuir al mejoramiento de la procuración e impartición de justicia;
VIII.        Diseñar e implementar políticas públicas para garantizar que las actuaciones de todas las áreas que integran la Fiscalía General, sean respetuosas de los derechos humanos, conforme a las normas e instrumentos aplicables en la materia;
 IX.        Supervisar y llevar el control de los asuntos de orden penal, civil, familiar o de justicia para adolescentes y en general, de todos aquellos en que la Fiscalía General, conforme a la Ley, deba ser escuchada;
   X.        Autorizar, expedir, y certificar los documentos, diligencias, autos y todas las resoluciones de las direcciones que dependen directamente del Fiscal General, así como asentar en los expedientes las certificaciones relativas que ordene el Fiscal General, y
 XI.        Las demás que establezcan esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Sección Segunda
De los Vice Fiscales
 
Artículo 9.- Los titulares de las Vice Fiscalías dependerán directamente del titular de la Fiscalía General.
 
Las Vice Fiscalías contarán, para el ejercicio de sus funciones, con las direcciones, fiscalías regionales, unidades, departamentos y demás áreas necesarias para su adecuado funcionamiento, mismas que serán creadas acorde al presupuesto autorizado.
 
Artículo 10.- El Vice Fiscal de Investigación y Procesos tiene las siguientes facultades y obligaciones:
 
      I.        Suplir al Fiscal General en sus ausencias temporales, y en los casos en que se encuentre impedido o se excuse, conforme al ordenamiento conducente;
    II.        Acordar con el Fiscal General todo lo concerniente al ámbito de su competencia;
   III.        Asesorar a los fiscales investigadores del Ministerio Público en la determinación de criterios de investigación y persecución de delitos en el sistema acusatorio;
 IV.        Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean señalados por delegación del Fiscal General;
   V.        Coordinarse con el Director de la Policía Ministerial Investigadora, para asegurar la eficacia en la investigación de los delitos;
 VI.        Vigilar y revisar, desde la etapa inicial hasta la ejecución de la sentencia, los procesos penales, civiles y familiares en los que la Fiscalía General intervenga;
 VII.        Vigilar la secuela de los recursos que se tramiten en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado;
VIII.        Atender y tramitar las solicitudes de colaboración institucionales procedentes de otras entidades del país y del extranjero y las que se remitan a esos lugares, en términos de lo dispuesto por los convenios que en la materia celebre la Fiscalía General;
 IX.        Coordinar la representación jurídica del Fiscal General ante las autoridades administrativas y judiciales en los asuntos en que sea parte o tenga interés;
   X.        Someter a la aprobación del Fiscal General los estudios o proyectos jurídicos que se elaboren en las áreas a su cargo, y
 XI.        Las demás que le asignen el Fiscal General esta Ley y su Reglamento.
De la Vice Fiscalía de Investigación y Procesos dependerán administrativamente las fiscalías regionales que le sean asignadas por acuerdo del Fiscal General.
 
Los titulares de las Fiscalías Regionales tendrán las facultades y obligaciones que establezca el Reglamento de esta Ley.
 
Artículo 11.- El Vice Fiscal de Prevención del Delito, Justicia Restaurativa y Atención a Víctimas, tiene las facultades y obligaciones siguientes:
 
      I.        Elaborar, promover y desarrollar programas encaminados a la prevención de los delitos, con estrategias tendientes a disminuir la comisión de hechos delictuosos;
    II.        Implementar acciones que tiendan a sensibilizar a la población sobre la necesidad de adoptar medidas de seguridad de diversa naturaleza;
   III.        Vigilar la adecuada implementación de los programas del Centro Público de Solución de Controversias;
 IV.        Realizar las acciones que le correspondan en materia de mediación y de otros mecanismos alternativos de solución de controversias, conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables;
   V.        Revisar que se certifiquen y se cumplan los convenios que se logren a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables;
 VI.        Brindar a la víctima y a sus familiares la asesoría legal que les permita conocer y ejercer sus derechos durante el proceso penal;
 VII.        Coordinar la atención y protección que se otorgue a las víctimas, sus familiares y los testigos en la comisión de un delito;
VIII.        Participar, en forma coordinada con otras dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, en la elaboración y ejecución de programas que promuevan la participación ciudadana en la prevención del delito;
 IX.        Proponer la celebración de convenios de colaboración con organismos e instituciones de carácter público y privado, para el mejor desempeño de sus funciones, y
   X.        Las demás que le asigne el Fiscal General con base en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 12.- El Vice Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes vigilará y revisará los procesos penales que realice el personal de las áreas a cargo de la Vice Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, desde la etapa preliminar hasta la ejecución de la sentencia, conforme a las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones previstas en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán.
 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Vice Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes tiene las facultades y obligaciones siguientes: 
 
      I.        Recibir denuncias o querellas sobre los hechos de conductas tipificadas como delitos en la legislación penal, atribuidas a los adolescentes;
    II.        Acreditar mediante la investigación de los hechos, la conducta tipificada como delito en las leyes penales del Estado y que se atribuya a los adolescentes, como base del ejercicio de la acción de remisión ante el juez competente;
   III.        Dar aviso al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, cuando la persona puesta a su disposición esté dentro del grupo etario comprendido entre los doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad;
 IV.        Llevar a cabo las actividades necesarias para cerciorarse de que las personas sujetas al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes son mayores de doce y menores de dieciocho años;
   V.        Informar al adolescente imputado, de todas las garantías y derechos que tiene durante la investigación, el proceso y la aplicación de las medidas, así como del nombre de la persona que formule la denuncia o querella de la conducta tipificada como delito que se le atribuya;
 VI.        Presentar las pruebas e interrogar a los testigos que presente el adolescente en conflicto con la ley penal, para su defensa;
 VII.        Ser parte en los procesos de justicia para adolescentes, aportando los datos e indicios pertinentes para acreditar los hechos de la conducta tipificada como delito en las leyes penales y que se atribuya a los adolescentes, así como, la existencia del daño causado por la conducta realizada para los efectos de la fijación del monto de su reparación;
VIII.        Promover el acuerdo de conciliación, y los demás mecanismos alternativos de solución de controversias, en términos de la Ley de la materia;
 IX.        Solicitar las medidas cautelares cuando se requiera;
   X.        Solicitar las órdenes de detención o de presentación en los supuestos que se prevén en la Ley de la materia;
 XI.        Vigilar que el proceso relativo a la justicia para adolescentes se lleve a cabo conforme a la legislación procesal aplicable; solicitar, en su caso, la imposición de las medidas de orientación, protección y tratamiento que correspondan, así como la reparación del daño y solicitar la exclusión de pruebas o de alguna causal de exclusión del delito, cuando sea procedente;
 XII.        Interponer los recursos que sean necesarios de acuerdo a la Ley de la materia, y
XIII.        Las demás que le asigne el Fiscal General, con base en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales y normativas aplicables.
Artículo 13.- El Vice Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente, tiene las siguientes facultades y obligaciones:
 
      I.        Establecer los mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Fiscalía General y de las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le correspondan en la persecución e investigación de los delitos electorales y contra el medio ambiente;
    II.        Coordinar las actividades que realicen los Fiscales Investigadores del Ministerio Público que conozcan de los delitos de su competencia, durante todo el proceso, hasta la total resolución de los asuntos;
   III.        Ordenar y practicar todos los actos conducentes a la investigación de los hechos de la conducta tipificada como delito en las leyes penales del Estado y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión y ejercitar la acusación penal, así como dictar o en su caso, promover ante la autoridad competente, las medidas necesarias para los fines de la investigación de hechos o para el debido desarrollo del proceso penal;
 IV.        Interponer los recursos y medios de defensa que considere necesarios para cumplir con la encomienda social que le corresponde, bajo las premisas de justicia y equidad;
   V.        Considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acusación penal o de la no acusación, tratándose de los delitos de su competencia, en los casos en que disponga la legislación aplicable;
 VI.        Realizar estudios encaminados a fortalecer la aplicación de la legislación electoral y la protección del medio ambiente en el Estado;
 VII.        Conocer de los delitos electorales y contra el medio ambiente previstos en el Código Penal del Estado de Yucatán;
VIII.        Realizar la sistematización de la información contenida en las investigaciones de hechos a su cargo;
 IX.        Proporcionar al juez competente, de conformidad con el Código Penal del Estado de Yucatán, los dictámenes técnicos o periciales que se requieran con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de hechos que puedan constituir algún delito electoral o contra el medio ambiente;
   X.        Ejercer las facultades y obligaciones que esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables confieren a los fiscales investigadores del Ministerio Público, y
 XI.        Las demás que le asigne el Fiscal General, con base en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Para ser Vice Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente, se requerirá no ser ni haber sido, candidato a cargo de elección popular o dirigente en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún partido político, durante los 3 años previos a su designación, en ambos casos.
 
Sección Tercera
De los Fiscales Investigadores del Ministerio Público
 
Artículo 14.- Los Fiscales Investigadores del Ministerio Público tienen las facultades y obligaciones siguientes:
 
      I.        Perseguir los delitos del orden común ante los tribunales competentes;
    II.        Velar por la observancia de la legalidad en la esfera de su competencia, para contribuir en la pronta, completa y debida administración de justicia;
   III.        Dirigir, organizar, controlar y supervisar la investigación de los hechos que la Ley señale como delitos;
 IV.        Formular y solicitar acusaciones ante el juez o tribunal competente, en los términos de la normatividad procesal aplicable;
   V.        Proteger los derechos e intereses de la víctima u ofendido, de los menores, incapaces, ausentes y otros de carácter individual o social, en general, en los términos que determinen las leyes;
 VI.        Investigar las conductas atribuidas a los adolescentes y participar en su carácter de representante social, en las diferentes etapas del proceso que se siga ante los órganos jurisdiccionales de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado, hasta la conclusión de cada uno de los procesos, en los términos de la Ley de la materia;
 VII.        Participar activamente en el combate de los delitos en materia electoral y ambiental en el Estado, implementando los órganos y mecanismos necesarios para tales fines;
VIII.        Realizar, en su caso, propuestas para su incorporación en los programas de prevención del delito, en el ámbito de su competencia;
 IX.        Proporcionar atención jurídica u orientación a las víctimas y a los ofendidos por el delito, así como facilitar su participación como coadyuvantes del Ministerio Público, en la forma prevista en la legislación procesal aplicable;
   X.        Participar, en su caso, en la elaboración de programas encaminados a promover la participación de la sociedad, que tiendan a consolidar las actividades de su competencia;
 XI.        Auxiliar a las autoridades federales o a las de otras entidades federativas, en la persecución e investigación de los delitos de la competencia de éstas, en los términos de los convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto;
 XII.        Velar por el respeto a los derechos humanos, en el ámbito de su competencia;
XIII.        Determinar sobre el archivo temporal, la facultad de no iniciar la investigación y el no ejercicio de la acusación penal, en términos de la legislación procesal penal aplicable, y
XIV.        Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables.
Sección Cuarta
De los Directores de la Fiscalía General
 
Artículo 15.- El Director de la Policía Ministerial Investigadora tiene las facultades y obligaciones siguientes:
 
      I.        Auxiliar a los fiscales investigadores del Ministerio Público en la investigación, persecución y esclarecimiento de los hechos delictuosos, mediante la aplicación de métodos adecuados y equipo técnico moderno;
    II.        Cumplir con las disposiciones que dicte el Fiscal General, por sí o a través de los fiscales especializados, para la investigación de los delitos;
   III.        Indagar, con base en los datos o indicios de la investigación de hechos, sobre la existencia de los delitos para determinar si las personas que en ellos participen tienen o no responsabilidad en la comisión de los mismos;
 IV.        Realizar análisis técnicos, tácticos o estratégicos de la información obtenida en las investigaciones que realice para la generación de inteligencia policial;
   V.        Realizar bajo la conducción y mando de los fiscales investigadores del Ministerio Público, las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que le instruya éste o la autoridad jurisdiccional, conforme a las normas aplicables;
 VI.        Informar a la persona, al momento de su detención, los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 VII.        Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a personas y bienes en los casos en que, por motivo de sus funciones, practique alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los procedimientos y plazos constitucionales y legales establecidos;
VIII.        Recibir denuncias y querellas, tratándose de menores, y en los demás casos que establezca la ley procesal penal, únicamente en los casos en que por la urgencia, no sea posible la presentación de éstas ante el personal del área competente de la Fiscalía General, al cual deberá dar cuenta de inmediato a efecto de que acuerden lo que legalmente proceda;
 IX.        Verificar la información que reciba sobre hechos atribuidos a menores que puedan ser constitutivos de delito y, en su caso, remitirla al personal del área competente de la Fiscalía General;
   X.        Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso de inmediato a la Fiscalía General. Las unidades facultadas para realizar el procesamiento de las huellas, indicios o vestigios en el lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física a la Fiscalía General, conforme al procedimiento previamente establecido en el Reglamento de esta Ley y en las demás disposiciones aplicables;
 XI.        Solicitar a la Fiscalía General que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para el esclarecimiento de hechos relacionados con la investigación que realice;
 XII.        Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal efecto, deberá:
 
a)    Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
b)   Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 
c)    Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendentes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;
d)   Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima u ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos sin demora al Fiscal Investigador encargado del asunto, para que éste acuerde lo conducente, y
e)    Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos;
XIII.        Ejecutar las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación, cateos, detención en casos urgentes, y otros mandamientos judiciales o ministeriales;
XIV.        Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación en caso de flagrancia o por instrucción del Fiscal General en términos de las disposiciones aplicables;
XV.        Reunir la información que pueda ser útil al Fiscal Investigador del Ministerio Público que conozca del asunto, para acreditar los hechos y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, conforme a las instrucciones de aquél;
XVI.        Incorporar a las bases de datos, criminalísticas y de personal de la Fiscalía General y del sistema estatal de información sobre seguridad pública, la información que pueda ser útil en la investigación de los delitos, y utilizar su contenido para el desempeño de sus atribuciones, sin afectar el derecho de las personas sobre sus datos personales;
XVII.        Coordinarse, en los términos que señala el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para el intercambio de información contenida en documentos, bases de datos, o sistemas de información que sea útil al desempeño de sus funciones, sin menoscabo del cumplimiento de las limitaciones que se establecen en otras leyes;
XVIII.        Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de Seguridad Pública;
XIX.        Prestar el servicio de escolta pública, en los términos de esta Ley;
XX.        Realizar la planeación estratégica de la Policía Ministerial Investigadora, así como supervisar y evaluar los resultados de los operativos, a través de la revisión permanente de la información de acciones y hechos que se realicen;
XXI.        Almacenar, custodiar, dar mantenimiento y entregar las armas y municiones que utilizan los elementos de la Policía Ministerial Investigadora para el desempeño de sus funciones, a través del Departamento de Armas, y
XXII.        Las demás que le otorgue esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 16.- El Director de Servicios Periciales tiene las facultades y obligaciones siguientes:
 
      I.        Dirigir el Laboratorio Central de Servicios Periciales;
    II.        Realizar estudios periciales y emitir dictámenes en los casos y condiciones establecidos por los códigos de procedimientos en materia Penal y Civil, a solicitud de las autoridades correspondientes;
   III.        Supervisar que los dictámenes periciales se emitan con prontitud, celeridad e imparcialidad y además cumplan con las normas aplicables;
 IV.        Integrar el Archivo de Identificación que la ley correspondiente establezca, el cual formará parte del sistema estatal de seguridad pública, que a su vez estará integrado al Sistema Nacional relativo y constará de clasificación dactiloscópica, nominal, fotográfica, de retrato hablado, del modo de proceder y demás datos que se consideren pertinentes y puedan servir de auxilio en la investigación de los delitos y la comprobación del cuerpo del delito, en el Estado y fuera de éste;
   V.        Coordinar, eficientar y supervisar el funcionamiento de los servicios periciales de la Fiscalía General;
 VI.        Auxiliar al Fiscal Investigador del Ministerio Público en la búsqueda, preservación y obtención de indicios así como de pruebas, tendentes a favorecer la investigación de un hecho constitutivo de delito en la legislación penal, y a la existencia de la probabilidad de que el indiciado lo cometió, o participó en la comisión del mismo;
 VII.        Emitir los criterios que deben observar los peritajes, así como proceder, a la brevedad posible, a la formulación de los mismos, a requerimiento de la autoridad competente, dentro del marco de la autonomía técnica de estos servicios;
VIII.        Actualizar y operar, con reportes mensuales de sus movimientos, los bancos de datos criminalísticos de la Fiscalía General que integran los sistemas Estatal y Nacional de Seguridad Pública, especialmente los de identificación dactiloscópica y fotográfica, que sean necesarios para la investigación y prosecución de los ilícitos;
 IX.        Integrar y operar el laboratorio de criminalística que contará con secciones de química, bioquímica, física, examen técnico de documentos, balística, explosión, incendio, fotografía y demás secciones que se requieran para su funcionamiento;
   X.        Expedir los documentos que acrediten los antecedentes penales o en su caso, el correspondiente a los no antecedentes penales de las personas que así lo soliciten;
 XI.        Elaborar y actualizar las guías y manuales para la formulación de dictámenes periciales;
 XII.        Proponer el equipo adecuado para el desarrollo de los servicios periciales;
XIII.        Promover la cooperación en materia pericial, con las fiscalías generales de la República, de los estados, del Distrito Federal, sus equivalentes, así como con otras instituciones nacionales o del extranjero, para mantener actualizada la operatividad de esta área;
XIV.        Proponer la capacitación, actualización y optimización científico-técnica del personal especializado en materia pericial y criminalística;
XV.        Planear la evolución, renovación y actualización de los servicios periciales, en coordinación con la unidad administrativa que el Fiscal General designe, así como autorizar las propuestas sobre la adquisición de nuevos equipos para los servicios periciales, y
XVI.        Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 17.- El Director Jurídico tiene las facultades y obligaciones siguientes:
 
      I.        Integrar los asuntos legales en que deba intervenir el Fiscal General y someter a la aprobación de éste los dictámenes correspondientes;
    II.        Formular anteproyectos de leyes o reformas a las disposiciones legales que sean competencia de la Fiscalía General;
   III.        Compilar la legislación estatal y las disposiciones legales de carácter federal relativas a las materias penal, civil y familiar;
 IV.        Atender las recomendaciones dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y remitir a ésta los informes de cumplimiento de aquellas que sean aceptadas;
   V.        Interponer querellas y denuncias en asuntos de derecho privado en los que corresponda intervenir a la Fiscalía General, previo acuerdo del Gobernador, y
 VI.        Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 18.- El Director de Comunicación Social tiene las facultades y obligaciones siguientes:
 
      I.        Elaborar y actualizar el programa de comunicación social, en donde se establezcan las políticas y los lineamientos necesarios para garantizar el análisis objetivo y oportuno de la opinión pública respecto de la función de la Fiscalía General;
    II.        Sistematizar la información relacionada con las actividades que realice la Fiscalía General, que se publiquen en los diferentes medios de comunicación, así como la emisión y proyección de información que se genere en la propia dependencia;
   III.        Auxiliar a la Dirección de Servicios a la Sociedad en la estructuración de un sistema de vinculación entre la Fiscalía General y los diversos sectores representativos de la comunidad;
 IV.        Difundir y promover valores y hábitos que tiendan a fomentar el respeto a las leyes y a la sociedad, así como la prevención de los delitos;
   V.        Difundir los mensajes que contribuyan a sensibilizar a la ciudadanía acerca del fenómeno de la violencia y la necesidad de brindar protección de los derechos de la mujer, del menor, de las personas en edad senescente y de los grupos vulnerables, y
 VI.        Las demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 19.- El Director de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera tiene las facultades y obligaciones siguientes:
 
      I.        Participar en la organización y desarrollo de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación para el ingreso de personal a la institución, en los términos del Reglamento de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;
    II.        Elaborar y proponer al Fiscal General la celebración de convenios con organismos e instituciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas, relativos al intercambio y asesoría que se requiera para la capacitación de los servidores públicos de la institución;
   III.        Participar en la elaboración de los programas de selección de personal de nuevo ingreso y la aplicación de los correspondientes exámenes por oposición o de naturaleza análoga, que permitan conocer las aptitudes, conocimientos y demás características de los aspirantes, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;
 IV.        Vigilar y participar en la aplicación de los planes y programas que correspondan a sus atribuciones;
   V.        Organizar y participar en la formación, capacitación y actualización permanente, dirigida a los Fiscales Investigadores, a los adscritos a juzgados, Facilitadores y elementos de la Policía Ministerial Investigadora, así como a los Peritos y demás personal de la Fiscalía General, de acuerdo con las necesidades y en concordancia con los lineamientos que dispongan los Sistemas, Nacional y Estatal de Seguridad Pública, el reglamento de esta Ley y otras disposiciones legales aplicables;
 VI.        Intervenir en el sistema integral de evaluación de los servidores públicos de la Institución, con objeto de obtener la información necesaria para su formación y evaluación, así como coadyuvar con las demás áreas competentes en la promoción del personal, mediante la evaluación académica;
 VII.        Observar, organizar y aplicar de manera eficiente el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General;
VIII.        Analizar los nuevos contenidos y métodos, relativos a la formación de personal, y proponer su posterior inclusión en los programas correspondientes;
 IX.        Organizar y participar en la capacitación permanente y sistemática dirigida al personal de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, en materia de derechos humanos, derecho minoril y disciplinas relacionadas con los adolescentes;
   X.        Coordinar las evaluaciones permanentes y de control de confianza que se apliquen a los fiscales, facilitadores, policías ministeriales investigadores y peritos de la Fiscalía General, de conformidad con los principios que señala la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los reglamentos aplicables, y
 XI.        Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 20.- El Director de Informática y Estadística, tiene las facultades y obligaciones siguientes:
 
      I.        Establecer mecanismos para la óptima operación del sistema de cómputo con que cuente la Fiscalía General;
    II.        Implementar programas de capacitación en materia de informática y estadística, dirigidos al personal de la Fiscalía General;
   III.        Instrumentar servicios de proceso, soporte técnico y mantenimiento al equipo de cómputo asignado a las diversas áreas de la dependencia;
 IV.        Llevar el control estadístico de las actividades que realice la Fiscalía General del Estado, y
   V.        Las demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 21.- El Director de Administración, tiene las facultades y obligaciones siguientes:
 
      I.        Formular el anteproyecto de presupuesto anual de la Fiscalía General;
    II.        Elaborar los procedimientos administrativos a que se deberá sujetar el personal de la Fiscalía General;
   III.        Definir, ejecutar y supervisar las políticas, medidas y actividades en materia de recursos humanos, materiales y financieros que requiere la Fiscalía General para su funcionamiento;
 IV.        Analizar y desarrollar los sistemas de información de las diferentes unidades administrativas que integran la Fiscalía General;
   V.        Desarrollar métodos de trabajo, elaborar instrumentos y procedimientos que faciliten el control y evaluación de las acciones del personal de la Fiscalía General, y
 VI.        Las demás que le señalen esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 22.- La Visitaduría General es el órgano de control interno en la Fiscalía General, en lo que se refiere a las funciones que realicen sus servidores públicos como auxiliares del Ministerio Público, por tanto el Visitador General tiene las facultades y obligaciones siguientes:
 
      I.        Realizar las visitas de inspección y evaluación técnico-jurídica que determine el Fiscal General a las unidades administrativas que integran la Fiscalía General, a fin de observar e inspeccionar los asuntos que en ellas se ventilan y rendir el informe correspondiente al Fiscal General, con las propuestas que en su caso resulten conducentes;
    II.        Ejercer las normas de control acerca del funcionamiento de la Fiscalía General, de acuerdo con las políticas que determine el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;
   III.        Emitir recomendaciones genéricas o específicas, a los servidores públicos de la Fiscalía General, para subsanar deficiencias detectadas o para la práctica de diligencias que perfeccionen su actuación;
 IV.        Generar las propuestas necesarias para el mejor funcionamiento de la Fiscalía General, que autorice el Fiscal General;
   V.        Verificar y vigilar que los servidores públicos actúen con estricto respeto a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, honradez y profesionalismo, a fin de prevenir y combatir la corrupción;
 VI.        Hacer del conocimiento de otras instancias de control o vigilancia, aquellos hechos posiblemente constitutivos de responsabilidad, que no sean competencia de la Visitaduría General, pero que sean advertidos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;
 VII.        Iniciar los procedimientos de investigación, cuando en la realización de las visitas de inspección o de los estudios técnico-jurídicos que realice en las distintas áreas de la Fiscalía General, se detecten faltas u omisiones que contravengan esta Ley y demás disposiciones aplicables;
VIII.        Formular el proyecto de calendario mensual de las visitas de inspección y evaluación técnico-jurídicas a las diversas áreas de la Fiscalía General, y someterlo a consideración del Fiscal General;
 IX.        Acordar con el Fiscal General, los asuntos relevantes detectados en las visitas de inspección y evaluación técnico-jurídica practicadas por el personal del Ministerio Público Visitador;
   X.        Implementar los mecanismos necesarios para realizar una eficaz supervisión respecto de las actuaciones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y
 XI.        Las demás que le señalen esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO VIII
De las Unidades de Solución de Controversias
 
Artículo 23.- La Fiscalía General contará con Unidades de Solución de Controversias, encargadas de aplicar la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Yucatán, en el ámbito de su competencia.
 
Artículo 24.- Las Unidades de Solución de Controversias de la Fiscalía General, deberán prestar de forma gratuita los servicios de información, orientación y de aplicación de los mecanismos alternativos, a través de los facilitadores institucionales con los que cuenta la dependencia; quienes serán nombrados por el Fiscal General, cuando cumplan los requisitos pertinentes en los términos que establece la Ley de la materia.
 
El Reglamento de esta Ley deberá establecer las funciones de las Unidades de Solución de Controversias y las facultades y obligaciones del personal adscrito a las mismas.
 
CAPÍTULO IX
Del Servicio de Escolta Pública
 
Artículo 25.- La Fiscalía General, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se encargará de prestar el servicio de escolta pública en el Estado a quienes hayan desempeñado los cargos de: Gobernador, Fiscal General, Secretario de Seguridad Pública, Director de la Policía Ministerial Investigadora y Director de alguno de los Centros de Readaptación Social o del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, siempre y cuando hayan desempeñado el cargo por un plazo de al menos de un año cumplido y presenten solicitud por escrito dirigida al Gobernador y al Fiscal General.
 
El servicio de escolta pública se prestará durante un período igual al tiempo en que desempeñaron el cargo y podrá ser renovado por un período de igual duración a solicitud del servidor público.
 
Para este efecto, la Fiscalía General, se asegurará de que el servicio que se preste a quienes hayan desempeñado los cargos de Gobernador, Fiscal General, Secretario de Seguridad Pública, y Director de la Policía Ministerial Investigadora; se realice con un mínimo de cuatro agentes dotados con automóvil, sistema de comunicación, armamento adecuado y demás elementos que les permita realizar un trabajo profesional y efectivo; y a los Directores de algunos de los Centros de Readaptación Social o Director del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, se realice con un mínimo de dos agentes dotados de los mismos elementos.
 
Las personas a quienes se deba prestar el servicio de escolta pública, podrán seleccionar a los agentes integrantes de la misma que podrán ser indistintamente agentes de la Secretaría de Seguridad Pública o elementos de la Policía Ministerial Investigadora de entre aquellos que estuvieron bajo su mando, si fuese el caso, salvo que éstos se encuentren prestando un servicio similar a otra persona y tendrán derecho a prescindir temporal o definitivamente de dicho servicio, previo aviso por escrito al Gobernador.
 
 
Los agentes destinados a la prestación del servicio de escolta pública sólo podrán realizar las funciones asignadas para tal fin y, en caso contrario, el servicio será suspendido temporal o definitivamente, en los términos que señale el Reglamento de esta Ley.
 
El servicio de escolta no será proporcionado si la persona desempeña otro cargo que tenga bajo su mando fuerza pública, o que por las funciones que desempeña, tenga seguridad proporcionada por otra instancia de Gobierno.
 
TÍTULO TERCERO
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
 
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
 
Artículo 26.- El Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, comprenderá a los fiscales investigadores del Ministerio Público, facilitadores y a los peritos.
 
 
 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su mando a los fiscales investigadores del Ministerio Público, facilitadores o peritos, se considerarán trabajadores de confianza y no formarán parte del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General.
 
El Servicio Profesional de Carrera de los policías investigadores se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, para las instituciones policiales.
Artículo 27.- El Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, comprenderá las siguientes etapas:
 
      I.        De ingreso, que comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;
    II.        De desarrollo, que comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio Profesional de Carrera, y
   III.        De separación, que comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de terminación del servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar.
 
Artículo 28.- El Servicio Profesional de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:
 
      I.        Tendrá carácter obligatorio y permanente y deberá abarcar los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes al personal señalado en el artículo 26 de esta Ley;
    II.        Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en el desempeño de sus funciones, así como el fomento a la vocación de servicio y el sentido de pertenencia institucional;
   III.        El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación, tenderá a fomentar que los fiscales investigadores del Ministerio Público, facilitadores y los peritos, logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverá el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
 IV.        Contará con un sistema de rotación de los fiscales investigadores del Ministerio Público, facilitadores y de los peritos, dentro de la Fiscalía General;
   V.        Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura administrativa y de rangos;
 VI.        Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno respeto a los derechos humanos;
 VII.        Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de las funciones de los fiscales investigadores del Ministerio Público, facilitadores y peritos;
VIII.        Contendrá las normas para el registro y certificación de los fiscales investigadores del Ministerio Público, facilitadores y peritos, y
 IX.        Contendrá las normas para el registro de las incidencias en el ejercicio de las funciones de los fiscales investigadores del Ministerio Público, facilitadores y peritos.
 
CAPÍTULO II
Del ingreso al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General
 
Artículo 29.- El ingreso al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General se hará por convocatoria pública.
 
Para ingresar a la Fiscalía General, los aspirantes deberán cumplir, al menos los requisitos siguientes:
 
A.        Fiscal investigador del Ministerio Público:
 
      I.        Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
    II.        Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional;
   III.        Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
 IV.        Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
   V.        No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
 VI.        No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;
 VII.        Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica;
VIII.        Aprobar el proceso de evaluaciones de control de confianza, y
 IX.        Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones legales aplicables.
 
B.        Perito:
 
      I.        Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;
    II.        Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente;
   III.        Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;
 IV.        Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
   V.        Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica;
 VI.        Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
 VII.        No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
VIII.        No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;
 IX.        Aprobar el proceso de evaluaciones de control de confianza, y
   X.        Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones legales aplicables.
 
C. Facilitador:
 
      I.        Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
    II.        Contar con título profesional expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional;
   III.        Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
 IV.        Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
   V.        No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
 VI.        No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;
 VII.        Cumplir con los programas de capacitación respecto de los medios alternativos de solución de controversias, en términos del reglamento de la Ley de la materia, y aprobar la evaluación que realice la Fiscalía General del Estado;
VIII.        Acreditar haber aprobado el proceso de evaluaciones de control de confianza, y
 IX.        Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones legales aplicables.
 
Los agentes de la Policía Ministerial Investigadora para ingresar a la Fiscalía General, deberán acreditar los requisitos de ingreso, de las instituciones policiales, establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
 
 
Artículo 30.- Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en los registros, Nacional y Estatal, de Personal de Seguridad Pública.
 
Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos que presenten los aspirantes.
 
Artículo 31.- Los aspirantes a ingresar al Servicio Profesional Carrera de la Fiscalía General, deberán cumplir con los estudios de formación inicial, impartidos por la Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera.
 
El Reglamento de esta Ley establecerá los términos en que la formación inicial se llevará a cabo.
 
La duración de los programas de formación inicial en ningún caso podrá ser inferior a quinientas horas clase y deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 32.- Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Gobernador, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley y con las disposiciones relativas al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, podrá, en casos excepcionales, llevar a cabo la designación especial de fiscales investigadores del Ministerio Público, facilitadores, peritos o agentes de la Policía Ministerial Investigadora, dispensando la presentación de los concursos correspondientes. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer los requisitos siguientes:
 
      I.        Para fiscales investigadores, los señalados en el Artículo 27 apartado A, de esta ley, con excepción de la fracción VII;
    II.        Para perito, los señalados en el Artículo 27 apartado B, de esta Ley, con excepción de la fracción V;
   III.        Para facilitador los señalados en el Artículo 27 apartado C, de esta Ley, y
 IV.        Para agente de la Policía Ministerial Investigadora, los señalados en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, para el ingreso a las instituciones policiales, con excepción del requisito relativo a la aprobación del curso de ingreso.
Los fiscales investigadores del Ministerio Público, los facilitadores, los peritos y los agentes de la Policía Ministerial Investigadora, designados en la forma prevista en este artículo, no podrán ingresar al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General y en cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento, sin que para ello sea necesario agotar procedimiento alguno.
 
El número de fiscales investigadores, facilitadores, peritos y de agentes de la Policía Ministerial Investigadora, a que se refiere este artículo, será el estrictamente necesario para atender los requerimientos del servicio. En todo caso, la duración de las designaciones correspondientes no podrá exceder de un plazo de tres años.
 
CAPÍTULO III
Del desarrollo del Servicio Profesional de
Carrera de la Fiscalía General
 
Artículo 33.- Son requisitos para permanecer en la Fiscalía General, como Fiscal Investigador, Facilitador y Perito de Carrera:
 
      I.        Cumplir durante el servicio todos los requisitos acreditados al momento de su ingreso;
    II.        Cumplir con los programas de actualización y profesionalización que se establezcan;
   III.        Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de desempeño que se establezcan;
 IV.        Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley;
   V.        Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción;
 VI.        Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas;
 VII.        Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables, y
VIII.        Los demás requisitos que establezcan esta Ley su reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 34.- Los agentes de la Policía Ministerial Investigadora, para permanecer en la Fiscalía General, deberán acreditar los requisitos de permanencia en las instituciones Policiales establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
 
Artículo 35.- Los integrantes de la Fiscalía General deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño, con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable.
 
 
Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones legales aplicables, con las excepciones que señala esta Ley.
 
Artículo 36.- Las solicitudes de reincorporación al Servicio Profesional de Carrera en la Fiscalía General se analizarán y, en su caso, se concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento de los requisitos de permanencia, o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal.
 
CAPÍTULO IV
De la separación del Servicio Profesional de
Carrera de la Fiscalía General
 
Artículo 37.- La separación del Servicio Profesional de Carrera de los fiscales investigadores del Ministerio Público, facilitadores y peritos, será:
      I.        Ordinaria, que comprende:
a)    Renuncia;
b)   Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, y
c)    Jubilación.
   II.          Extraordinaria, que comprende:
a)    Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, y
b)   Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.
 
Artículo 38.- La separación del Servicio Profesional de Carrera, por las causas a que se refiere la fracción II del artículo anterior de esta Ley, se realizará como sigue:
 
      I.        El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, en la que señale el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el servidor público de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes;
    II.        La Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General notificará la queja al servidor público de que se trate y lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes;
   III.        El superior jerárquico podrá suspender al servidor público hasta en tanto la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General resuelva lo conducente;
 IV.        Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, resolverá sobre la queja respectiva, y
   V.        Contra la resolución de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, no procederá recurso administrativo alguno.
 
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por superior jerárquico, a los servidores públicos titulares de las áreas a que se refiere el artículo 5 de esta Ley.
 
Artículo 39.- En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impuso la separación o remoción es injustificada, la Fiscalía General sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido, de conformidad con el Artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en los registros, nacional y estatal, del Personal de Seguridad Pública.
 
CAPÍTULO V
De la profesionalización
 
Artículo 40.- El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de la Fiscalía General.
 
Artículo 41.- Los planes de estudios encaminados a la profesionalización, estarán integrados por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos.
 
Artículo 42.- Los servidores públicos de la Fiscalía General, están obligados a participar en las actividades de profesionalización que les corresponda, y que cubran un mínimo de 60 horas clase anuales.
CAPÍTULO VI
De la certificación
 
Artículo 43.- Los aspirantes que ingresen a la Fiscalía General deberán contar con el certificado y registro correspondientes. Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en la Fiscalía General, sin contar con el certificado y registro vigentes.
 
Artículo 44.- El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza emitirá los certificados correspondientes, a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.
 
El certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en la Fiscalía General y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
 
Artículo 45.- El certificado a que se refieren los dos artículos anteriores, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en los registros, Nacional y Estatal, del Personal de Seguridad Pública. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.
 
Artículo 46.- Los servidores públicos de la Fiscalía General, deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determine el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
 
La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en la Fiscalía General y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.
 
Artículo 47.- La certificación que otorgue el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, para los integrantes de la Fiscalía General, deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
 
Los servidores públicos de la Fiscalía General que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en otras entidades federativas, deberán presentar el certificado que les haya sido expedido previamente.
 
La Fiscalía General reconocerá la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados conforme a las disposiciones de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación.
 
En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en los registros, Nacional y Estatal, del Personal de Seguridad Pública.
 
Artículo 48.- Procederá la cancelación del certificado a los servidores públicos de la Fiscalía General, en los siguientes casos:
 
      I.        Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
    II.        Al ser removidos de su encargo;
   III.        Por no obtener la revalidación de su certificado, y
 IV.        Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.
 
Artículo 49.- La Fiscalía General, al momento de cancelar un certificado o recibir alguna notificación de cancelación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, deberá hacer la anotación respectiva en los registros, Nacional y Estatal, del Personal de Seguridad Pública.
 
CAPÍTULO VII
De las Comisiones del Servicio Profesional de
Carrera y de Honor y Justicia
 
Artículo 50.- La Fiscalía General deberá integrar las Comisiones del Servicio Profesional de Carrera, y de Honor y Justicia, que serán las instancias encargadas de conocer y resolver, en el ámbito de su competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos que comprende el Servicio Profesional de Carrera, y el Régimen Disciplinario, respectivamente.
 
Las comisiones del Servicio Profesional de Carrera, y de Honor y Justicia de la Fiscalía General, deberán llevar y actualizar un registro de datos de los integrantes de la Institución. Dichos datos y la actualización de los mismos, deberán incorporarse a las bases de datos de los Registros, Estatal y Nacional, del Personal de Seguridad Pública.
 
Artículo 51.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, tendrá las siguientes atribuciones:
 
      I.        Aplicar los procedimientos del Servicio de Carrera de los fiscales investigadores del Ministerio Público, facilitadores y peritos;
    II.        Aplicar los procedimientos del Servicio de Carrera Policial, a los policías ministeriales investigadores, con base en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán;
   III.        Aportar los lineamientos, mecanismos y procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción, reconocimiento y conclusión de los integrantes de la Fiscalía General;
 IV.        Elaborar y aplicar los lineamientos y mecanismos para el otorgamiento de estímulos y recompensas a los integrantes de la Fiscalía General;
   V.        Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de profesionalización de los integrantes de la Fiscalía General;
 VI.        Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de la Fiscalía General;
 VII.        Conocer y resolver sobre las controversias que se susciten con motivo de la instrumentación de los procedimientos que comprende el Servicio de Carrera en la Fiscalía General y en la Carrera Policial, en lo que respecta a la Policía Ministerial Investigadora;
VIII.        Informar a la Comisión de Honor y Justicia, aquellos aspectos del Servicio de Carrera en la Fiscalía General y de la Carrera Policial, en lo que respecta a la Policía Ministerial Investigadora, que por su importancia lo requieran;
 IX.        Resolver los procedimientos relativos a la conclusión del Servicio de Carrera en la Fiscalía General y en la Carrera Policial, en lo que respecta a la Policía Ministerial Investigadora, y
   X.        Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 52.- La Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General, tendrá las siguientes atribuciones:
 
      I.        Proveer la observancia del régimen disciplinario establecido para los integrantes del Servicio de Carrera en la Fiscalía General y de la Carrera Policial, en lo que respecta a la Policía Ministerial Investigadora;
    II.        Analizar y determinar el otorgamiento de condecoraciones y estímulos a que se hagan acreedores los integrantes del Servicio de Carrera en la Fiscalía General y de la Carrera Policial, en lo que respecta a la Policía Ministerial Investigadora, conforme a la disponibilidad presupuestaria;
   III.        Hacer del conocimiento del Fiscal General los hechos cometidos por los integrantes de la misma, que puedan constituir delito;
 IV.        Conocer y resolver respecto de las infracciones al régimen disciplinario cometidas por los integrantes del Servicio de Carrera en la Fiscalía General y en la Carrera Policial, en lo que respecta a la Policía Ministerial Investigadora;
   V.        Asentar en los Registros, Estatal y Nacional, del Personal de Seguridad Pública, los datos del personal sancionado, y proporcionar los mismos a la Fiscalía General, y
 VI.        Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.
 
 
Artículo 53.- El Reglamento de la Ley establecerá la integración y el funcionamiento de las Comisiones, del Servicio Profesional de Carrera, y de Honor y Justicia, de la Fiscalía General, de acuerdo a las bases establecidas en este Capítulo.
 
TÍTULO CUARTO
VACACIONES, LICENCIAS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS
 
CAPÍTULO I
De las vacaciones y licencias
 
Artículo 54.- Los servidores públicos de la Fiscalía General disfrutarán de los períodos vacacionales a que tengan derecho, conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, así, como en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.
 
Asimismo, podrán obtener licencias con o sin goce de sueldo, en los términos que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
 
Artículo 55.- Tratándose de licencias con goce de sueldo por causa de enfermedad, ésta deberá acreditarse con certificado de la Institución que preste el servicio médico a los trabajadores al servicio del Estado, el que para ser tomado como válido, deberá expresar como mínimo la naturaleza del padecimiento y el tiempo necesario de recuperación. El Reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento para otorgar este tipo de licencias.
 
Artículo 56.- El Fiscal General podrá conceder licencias sin goce de sueldo a los servidores públicos de la Fiscalía General, cuando:
 
      I.        Deban desempeñar cargos de elección popular, y
    II.        Lo solicite el interesado, por una sola ocasión en el transcurso de cada año natural, siempre que no tenga nota desfavorable en su expediente y el funcionamiento de la dependencia lo permita, hasta por:
a)    30 días naturales, a quienes tengan cuando menos un año de servicio;
b)   90 días naturales, a quienes tengan más de uno y hasta cinco años en el servicio, y
c)    180 días naturales, a quienes tengan más de cinco años de servicio en la dependencia.
 
El Reglamento de esta Ley establecerá las condiciones que deberán cumplirse para que se otorguen estas modalidades de licencias.
 
CAPÍTULO II
De los estímulos y recompensas
 
Artículo 57.- Para estimular al personal de la Fiscalía General que destaque por su puntualidad, eficiencia y buena conducta en el desempeño de sus funciones, se harán acreedores a estímulos en términos del Reglamento de esta Ley y, en su caso, de otras disposiciones legales aplicables.
 
 
 
Artículo 58.- Las recompensas con las que se premiará al personal de la Fiscalía General que contribuya a mejorar el servicio que se presta a la sociedad, con aportaciones innovadoras o acciones que acrediten valor y eficacia en el desempeño de sus funciones, así como notorio interés por el servicio a la sociedad, se establecerán en términos del Reglamento de esta Ley y, en su caso, otras disposiciones legales aplicables.
TÍTULO QUINTO
RECUSACIÓN, INCOMPATIBILIDADES, SANCIONES
Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
 
CAPÍTULO I
De la recusación e incompatibilidades
 
Artículo 59.- Los servidores públicos de la Fiscalía General no son recusables pero deberán excusarse de intervenir en los negocios civiles, penales o familiares, cuando exista alguna de las causas que la motiven, conforme a lo establecido en los códigos de procedimientos civiles y penales del Estado de Yucatán y en el Reglamento de esta Ley.
 
La calificación de las excusas del Fiscal General será hecha por el Gobernador y las de los demás servidores públicos de la Fiscalía General, por el Fiscal General.
 
Artículo 60.- Ningún servidor público de la Fiscalía General podrá:
 
      I.        Desempeñar funciones de Notario Público o Corredor Público;
    II.        Ejercer la abogacía, sino en causa propia, de su cónyuge o de sus padres e hijos;
   III.        Prestar servicios de investigación privada;
 IV.        Ser propietario o socio de alguna empresa de servicios de seguridad privada;
   V.        Ser comisionista, tutor, curador, albacea, depositario judicial o administrador, árbitro, arbitrador o perito, y
 VI.        Ocupar algún otro cargo público, excepto los de carácter docente, científico u honorario.
 
CAPÍTULO II
De las sanciones
 
Artículo 61.- Es obligación de los servidores públicos de la Fiscalía General, comunicar al Titular de esta dependencia las faltas administrativas cometidas por el personal bajo su mando, a fin de que previa investigación interna que realice el propio Fiscal General o por quien éste designe, se apliquen las sanciones correspondientes, conforme a lo que establezca el Reglamento de esta Ley y, en su caso, cuando así se requiera, se turne el asunto a la Contraloría del Estado para que ésta proceda conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
 
Artículo 62.- Cuando algún servidor público adscrito a la Fiscalía General, fuere acusado de la presunta comisión de algún delito, el Fiscal General lo pondrá a disposición de la autoridad competente, previo análisis de la situación cuyo resultado demuestre la existencia de indicios respecto a la probable responsabilidad del servidor público de que se trate, a efecto de que declare lo que a su derecho convenga y se defienda con toda libertad.
 
Artículo 63.- Las responsabilidades oficiales en las que incurra el Fiscal General y los demás servidores públicos de la dependencia, se sancionarán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
 
Artículo 64.- El Fiscal General podrá imponer al personal de la dependencia a su cargo, por las faltas administrativas en que incurra en el servicio o con motivo de éste, las medidas correctivas o sanciones siguientes:
 
      I.        Apercibimiento;
    II.        Multa por el equivalente de uno a ocho días de salario mínimo vigente en el estado, el día en que se cometieron las faltas administrativas;
   III.        Suspensión de empleo hasta por noventa días;
 IV.        Arresto hasta por treinta y seis horas, tratándose de agentes de la Policía Ministerial Investigadora;
   V.        Destitución del cargo o empleo, y
 VI.        Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.
El Reglamento de esta Ley señalará el procedimiento a seguir y antes de que se imponga la corrección disciplinaria o sanción correspondiente, se oirá al interesado para que manifieste sus consideraciones al respecto, resolviendo lo que proceda el Fiscal General o la autoridad en quien éste delegue dicha facultad.
Artículo 65.- Sin perjuicio de las sanciones aplicables, a los elementos de la Dirección de la Policía Ministerial Investigadora, en términos de su régimen jurídico específico, se les podrán imponer las siguientes sanciones disciplinarias:
 
      I.        Arresto hasta por treinta y seis horas, y
    II.        Privación de los permisos de salida.
 
 
Estas sanciones serán aplicadas por la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General, y en los casos en que así lo autorice el Reglamento, por el Superior inmediato.
Artículo 66.- Los agentes de la Policía Ministerial Investigadora, atendiendo a la naturaleza de su relación con la Fiscalía General, podrán ser removidos o destituidos de su cargo, dando por terminado los efectos de su nombramiento sin que proceda su reinstalación o restitución y en su caso, solo procederá cubrir las prestaciones relativas a salarios devengados, parte proporcional de aguinaldo y parte proporcional de vacaciones.
 
Artículo 67.- En cualquier momento, el Fiscal General podrá determinar, como medida provisional, la suspensión temporal del servidor público, siempre que a su juicio así convenga para el mejor cumplimiento del servicio público encomendado a la Fiscalía General o para la conducción o continuación de las investigaciones, suspensión que cesará si así lo resuelve el Fiscal General, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión, en su caso, del procedimiento respectivo.
 
La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma.
 
Si el servidor público suspendido conforme a este precepto no resultare responsable, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo que se hallara suspendido.
 
Artículo 68.- Los servidores públicos de la Fiscalía General, sus secretarios, agentes y personal operativo de la Policía Ministerial Investigadora, así como los peritos, que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de algún delito, serán separados de sus cargos y suspendidos de sus derechos, desde que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta que se pronuncie sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuere condenatoria serán destituidos en forma definitiva del cargo; si por el contrario, fuese absolutoria, se les restituirá.
 
Cuando el servidor público haya obtenido sentencia absolutoria y hubiere obrado en defensa del titular, o de los intereses de la Fiscalía General, se le restituirá en su trabajo y se le pagarán los salarios que hubiere dejado de percibir.
 
Artículo 69.- La desobediencia o resistencia a cumplir las órdenes del Fiscal Investigador del Ministerio Público, dará lugar a la aplicación de las correcciones disciplinarias previstas en esta Ley, sin perjuicio de la imposición de las medidas de apremio o sanciones, que esta propia Ley o demás leyes aplicables establezcan.
 
Cuando la desobediencia o resistencia constituyan delito, se iniciará el procedimiento penal correspondiente.
 
CAPÍTULO III
De los medios de impugnación
 
Artículo 70.- Los servidores públicos de la Fiscalía General, en el caso de no estar de acuerdo con las medidas correctivas o sanciones de que sean objeto por parte del superior jerárquico, pueden impugnar la resolución que al respecto se emita en su contra, mediante el recurso de revisión interpuesto ante el Fiscal General y si las medidas hubieren sido impuestas por éste, ante el Gobernador, de acuerdo con el procedimiento que establezca el Reglamento de esta Ley.
 
Artículo 71.- Contra las resoluciones del Fiscal Investigador del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y el no ejercicio de la acusación penal, procede el recurso conducente ante el juez competente, en los términos que establezca la legislación procesal, sin perjuicio de que los interesados puedan recurrir a otros medios que señalen las leyes aplicables.
 
T R A N S I T O R I O S:
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día primero de marzo del año dos mil once, previa su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor de esta Ley, quedará abrogada la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán con fecha veintinueve de marzo del año dos mil.
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Gobernador expedirá el Reglamento de esta Ley dentro de los noventa días naturales contados a partir del día de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se faculta al Gobernador, conforme a lo dispuesto por esta Ley para dictar las medidas administrativas necesarias que se requieran para resolver las cuestiones urgentes que puedan suscitarse.
ARTÍCULO QUINTO.- El personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado encargado de llevar a cabo las funciones del Ministerio Público, antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberá ser evaluado por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza dentro del plazo y bajo las condiciones señaladas en las disposiciones legales aplicables.
 
ARTÍCULO SEXTO.- Los requisitos previstos para ingresar a laborar a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en virtud de la implementación del Sistema de Justicia Penal regulado por el Código Procesal Penal del Estado de Yucatán, serán dispensados por única ocasión para los trabajadores que se encuentren laborando actualmente en la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero no se dispensarán los requisitos para permanecer laborando en la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las disposiciones legales y reglamentarias, y en general los documentos en que se haga alusión a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán o al Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán, se entenderán referidos a la Fiscalía General del Estado de Yucatán o al Fiscal General del Estado de Yucatán, respectivamente; a partir de la entrada en vigor de esta ley.
 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- PRESIDENTE: DIPUTADO ADOLFO CALDERÓN SABIDO.- SECRETARIO DIPUTADO TITO FLORENCIO SÁNCHEZ CAMARGO.- SECRETARIA.- DIPUTADA ELSY MARÍA SÁENZ PÉREZ.- RÚBRICAS.
 
Y, POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PAA SU CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO.
 
EXPEDIDO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL PRIMER DÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
 
(RÚBRICA)
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN
 
 
(RÚBRICA)
C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.